FGR: Hay pruebas suficientes contra Ernesto Ruffo por contrabando de combustible

¿Qué dice la FGR sobre la investigación contra Ernesto Ruffo?

La Fiscalía General de la República (FGR) afirma que existen pruebas suficientes contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por el delito de contrabando de combustible. Estas incluyen entrevistas, dictámenes periciales, diligencias y análisis de información que fortalecen la acusación de haber participado en una red dedicada al robo y la venta ilegal de hidrocarburos.

El exmandatario estatal permanece en prisión domiciliaria tras el dictamen emitido por una jueza de control federal. La FGR considera que existen elementos suficientes para procesarlo por su presunta participación activa en una red de contrabando de combustible mediante ferrotanques.

Los trabajos de investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fueron clave para identificar el presunto esquema de huachicol fiscal. El caso involucra directamente a Ingemar, una empresa dedicada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos. Dos meses después de la constitución de esta firma, Ruffo se incorporó al capital variable de la empresa.

El delito atribuido por la FGR a Ernesto Ruffo no consiste en extraer gasolina de un ducto, sino en un esquema conocido como huachicol fiscal. Este mecanismo consiste en introducir combustible desde Estados Unidos y declarar ante la aduana una cantidad considerablemente menor a la realmente transportada, con el objetivo de pagar menos impuestos y aranceles. Ruffo niega haber coordinado u operado dicho acto ilícito.

La fiscalía advierte que Ruffo, como accionista con un alto porcentaje de participación en Ingemar y secretario del Consejo de Administración, formaba parte de las decisiones estratégicas, la representación legal y la conducción de la empresa. Por ello, se presume que habría conocido, permitido o se habría beneficiado del esquema de importación ilegal de combustible.

“La indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, los cuales establecen que, como accionista y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, Ernesto “N” habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad”, comentó la FGR.

El exgobernador reconoció ser dueño del 49% de la empresa, así como saber que desde 2024 se declaraban volúmenes menores de combustible para importación. En términos concretos, la hipótesis del delito fiscal sostiene que camiones y ferrotanques con capacidades de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados en pedimentos de importación como si solo transportaran 10 mil litros.

Este presunto esquema de evasión fiscal en combustibles habría permitido reducir de manera significativa el pago de contribuciones relacionadas con la importación de hidrocarburos.

El caso alcanza, por ahora, a nueve personas, entre quienes se encuentran socios de Ingemar, como José Merino Valdes Cuerno, así como el propietario de las empresas Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, Ricardo Thompson Navarro.

Imagen que representa el contrabando de combustible en México conocido como huachicol fiscal
AI Image / La PGR confía que las pruebas existentes contra Ernesto Ruffo son suficientes

¿Qué dice la defensa de Ernesto Ruffo?

El exgobernador Ernesto Ruffo aceptó ser accionista de Ingemar, pero asegura que su papel era principalmente el de socio y, de manera ocasional, secretario del Consejo. Por ello, afirma que no participó en la operación diaria, los trámites aduaneros ni la comercialización de combustible.

Su explicación es que las órdenes de compra de Crimson, empresa que adquiría el combustible, llegaban por aproximadamente 10 mil litros. Cuando detectó esa discrepancia, cuestionó la situación e intentó vender sus acciones. Además, sostiene que esperaba que las autoridades aduaneras identificaran la incompatibilidad entre el volumen declarado y el realmente importado.

La clave jurídica para la FGR es demostrar, mediante las pruebas disponibles, que Ruffo conocía el esquema, participó en su diseño o se benefició de él, ya que no basta con señalar que era accionista de la compañía mediante la cual se habrían cometido las irregularidades. El abogado de Ruffo asegura que en alrededor de 20 mil páginas del expediente no existen documentos que acrediten la participación directa del exgobernador en las operaciones investigadas.

El punto más débil de la defensa radica en que Ruffo reconoce que sabía, al menos desde 2024, sobre el presunto esquema de huachicol fiscal. Entonces surge una pregunta relevante: ¿cómo un socio con el 49% de las acciones observa durante meses una situación de esta naturaleza y se limita a cuestionarla o a esperar que la autoridad la detecte? La defensa deberá presentar acciones concretas y contundentes que demuestren que cuestionó la práctica, intentó suspenderla o buscó abandonar la empresa de manera efectiva. Hasta ahora, su versión no constituye una prueba exculpatoria.

Preguntas clave sobre el caso Ernesto Ruffo

¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo?

La FGR lo señala por su presunta participación en una red de contrabando de combustible relacionada con un esquema de huachicol fiscal.

¿Qué es el huachicol fiscal?

Es una modalidad de fraude que consiste en importar combustible declarando volúmenes menores a los reales para reducir el pago de impuestos, derechos y aranceles.

¿Cuál era la relación de Ruffo con Ingemar?

El exgobernador reconoció ser propietario del 49% de la empresa y haber ocupado funciones dentro del Consejo de Administración.

¿Cuál es la postura de la defensa?

La defensa sostiene que Ruffo no participó en la operación cotidiana de la empresa ni en los trámites relacionados con la importación de combustible.

¿Qué pasará con Ernesto Ruffo?

El futuro jurídico de Ernesto Ruffo dependerá de la capacidad de la FGR para demostrar su participación directa o su conocimiento efectivo del esquema investigado, así como de las pruebas que presente la defensa para desvirtuar las acusaciones. En la política y la justicia mexicanas, el desenlace dependerá de la solidez de las pruebas, las decisiones judiciales y el desarrollo de las investigaciones.

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