La Fiscalía General de la República (FGR) afirma que existen pruebas suficientes contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por el delito de contrabando de combustible. Estas incluyen entrevistas, dictámenes periciales, diligencias y análisis de información que fortalecen la acusación de haber participado en una red dedicada al robo y la venta ilegal de hidrocarburos.

El exmandatario estatal permanece en prisión domiciliaria tras el dictamen emitido por una jueza de control federal. La FGR considera que existen elementos suficientes para procesarlo por su presunta participación activa en una red de contrabando de combustible mediante ferrotanques.

Los trabajos de investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fueron clave para identificar el presunto esquema de huachicol fiscal. El caso involucra directamente a Ingemar, una empresa dedicada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos. Dos meses después de la constitución de esta firma, Ruffo se incorporó al capital variable de la empresa.

El delito atribuido por la FGR a Ernesto Ruffo no consiste en extraer gasolina de un ducto, sino en un esquema conocido como huachicol fiscal. Este mecanismo consiste en introducir combustible desde Estados Unidos y declarar ante la aduana una cantidad considerablemente menor a la realmente transportada, con el objetivo de pagar menos impuestos y aranceles. Ruffo niega haber coordinado u operado dicho acto ilícito.

La fiscalía advierte que Ruffo, como accionista con un alto porcentaje de participación en Ingemar y secretario del Consejo de Administración, formaba parte de las decisiones estratégicas, la representación legal y la conducción de la empresa. Por ello, se presume que habría conocido, permitido o se habría beneficiado del esquema de importación ilegal de combustible.

“La indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, los cuales establecen que, como accionista y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, Ernesto “N” habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad”, comentó la FGR.

El exgobernador reconoció ser dueño del 49% de la empresa, así como saber que desde 2024 se declaraban volúmenes menores de combustible para importación. En términos concretos, la hipótesis del delito fiscal sostiene que camiones y ferrotanques con capacidades de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados en pedimentos de importación como si solo transportaran 10 mil litros.

Este presunto esquema de evasión fiscal en combustibles habría permitido reducir de manera significativa el pago de contribuciones relacionadas con la importación de hidrocarburos.

El caso alcanza, por ahora, a nueve personas, entre quienes se encuentran socios de Ingemar, como José Merino Valdes Cuerno, así como el propietario de las empresas Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, Ricardo Thompson Navarro.

¿Qué dice la defensa de Ernesto Ruffo?

El exgobernador Ernesto Ruffo aceptó ser accionista de Ingemar, pero asegura que su papel era principalmente el de socio y, de manera ocasional, secretario del Consejo. Por ello, afirma que no participó en la operación diaria, los trámites aduaneros ni la comercialización de combustible.

Su explicación es que las órdenes de compra de Crimson, empresa que adquiría el combustible, llegaban por aproximadamente 10 mil litros. Cuando detectó esa discrepancia, cuestionó la situación e intentó vender sus acciones. Además, sostiene que esperaba que las autoridades aduaneras identificaran la incompatibilidad entre el volumen declarado y el realmente importado.

La clave jurídica para la FGR es demostrar, mediante las pruebas disponibles, que Ruffo conocía el esquema, participó en su diseño o se benefició de él, ya que no basta con señalar que era accionista de la compañía mediante la cual se habrían cometido las irregularidades. El abogado de Ruffo asegura que en alrededor de 20 mil páginas del expediente no existen documentos que acrediten la participación directa del exgobernador en las operaciones investigadas.

El punto más débil de la defensa radica en que Ruffo reconoce que sabía, al menos desde 2024, sobre el presunto esquema de huachicol fiscal. Entonces surge una pregunta relevante: ¿cómo un socio con el 49% de las acciones observa durante meses una situación de esta naturaleza y se limita a cuestionarla o a esperar que la autoridad la detecte? La defensa deberá presentar acciones concretas y contundentes que demuestren que cuestionó la práctica, intentó suspenderla o buscó abandonar la empresa de manera efectiva. Hasta ahora, su versión no constituye una prueba exculpatoria.

Preguntas clave sobre el caso Ernesto Ruffo

¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo?

La FGR lo señala por su presunta participación en una red de contrabando de combustible relacionada con un esquema de huachicol fiscal.

¿Qué es el huachicol fiscal?

Es una modalidad de fraude que consiste en importar combustible declarando volúmenes menores a los reales para reducir el pago de impuestos, derechos y aranceles.

¿Cuál era la relación de Ruffo con Ingemar?

El exgobernador reconoció ser propietario del 49% de la empresa y haber ocupado funciones dentro del Consejo de Administración.

¿Cuál es la postura de la defensa?

La defensa sostiene que Ruffo no participó en la operación cotidiana de la empresa ni en los trámites relacionados con la importación de combustible.

¿Qué pasará con Ernesto Ruffo?

El futuro jurídico de Ernesto Ruffo dependerá de la capacidad de la FGR para demostrar su participación directa o su conocimiento efectivo del esquema investigado, así como de las pruebas que presente la defensa para desvirtuar las acusaciones. En la política y la justicia mexicanas, el desenlace dependerá de la solidez de las pruebas, las decisiones judiciales y el desarrollo de las investigaciones.

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Morena propone crear una comisión especial dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación del huachicol fiscal y la facturación falsa.

¿Qué es el huachicol fiscal y la facturación falsa?

Esta semana, el vicecoordinador de Morena dentro de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, comentó que presentará una propuesta para crear una comisión especial dedicada a la investigación del huachicol fiscal y la facturación falsa. El líder legislativo clasificó estos dos delitos como problemas graves para las finanzas públicas del país.

El huachicol fiscal es un término ocupado para describir la práctica ilegal de evadir impuestos mediante el contrabando de combustibles o la manipulación de datos fiscales. Lo anterior incluye la venta de combustibles robados o la declaración de ingresos falsos para reducir la carga tributaria.

La facturación falsa es el delito de emitir comprobantes fiscales que no corresponden a las transacciones reales, lo que permite a las empresas o individuos evadir impuestos u obtener beneficios fiscales indebidos.

En una conferencia ante los medios de comunicación, Ramírez Cuellar externó:

“Una propuesta que nosotros estamos haciendo, en estos momentos, es una solicitud formal al fiscal general de la República para que, en el marco de las facultades que le da el artículo 19 de la Ley de la Fiscalía General, se pudiera constituir esta comisión especial encargada de vigilar y desarrollar con mayor fuerza las investigaciones y la colaboración para combatir dos de los grandes problemas que tenemos, uno que es el huachicol fiscal y el otro que es todo el tema de la facturación falsa”.

El comentario del legislador va en la dirección opuesta al diagnóstico realizado por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien dijo en fechas anteriores que dicha problemática se había extinguido casi al 100% durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“…en realidad es contrabando de combustible que viene del extranjero. Hasta le ponen el nombre [de huachicol fiscal] para dar la idea de lo que antes existía que se refería a las fugas en los ductos, no, eso se acabó, prácticamente se acabó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como él lo declaró en su momento”.

¿Por qué es un problema grave para las finanzas públicas?

Alfonso Ramírez Cuellar cree que Morena debe insistir en erradicar tanto el huachicol fiscal como la facturación falsa. Estas dos problemáticas son dos boquetes enormes en las finanzas públicas del país. Durante la gestión presidencial de Obrador, el huachicol fiscal de diésel alcanzó en promedio los 43.7 mil barriles diarios. Las pérdidas asociadas al delito equivalieron aproximadamente a 4,600 millones de dólares por evasión de IVA e IEPS.

En total, el daño causado a las finanzas de Pemex y la Secretaría de Hacienda por el huachicol fiscal se estimó en alrededor de 28,200 millones. Definitivamente, las sumas no ingresadas a las finanzas del gobierno federal suponen oportunidades perdidas para atender otros asuntos y problemas urgentes.

En 2024, se estimó que el delito del huachicol fiscal le costó al erario público alrededor de 177,170 millones de pesos, una cifra que representa alrededor del 44% de toda la recaudación de IEPS sobre gasolinas y diésel.

¿Cómo podría Morena combatir al huachicol fiscal de manera efectiva?

Ramírez Cuellar considera que uno de los primeros pasos para combatir el huachicol fiscal es la creación de una comisión especial dentro de la FGR que instale el delito como prioridad.

Otras acciones que podrían ayudar a acabar con el delito es la modificación de las leyes para aumentar las penas por delitos fiscales y facilitar la detección y sanción de prácticas ilegales. Paralelamente, las agencias gubernamentales deben trabajar de forma estrecha, especialmente, la Secretaría de Hacienda con las autoridades aduaneras para mejorar la vigilancia y control de las operaciones fiscales.

El uso de tecnología y análisis de datos también ayudaría a conseguir avances notables para combatir el huachicol fiscal y la facturación falsa. Por ejemplo, el desarrollo de sistemas que integren datos fiscales de contribuyentes, el lanzamiento de plataformas de denuncia para reportar actividades sospechosas y la implementación de algoritmos informáticos para identificar patrones inusuales en las transacciones fiscales son estrategias con mucho potencial.

El gobierno debe integrar la Inteligencia Artificial para la automatización de procesos como la revisión de documentación fiscal, lo cual agilizaría la identificación de facturas falsas o inconsistencias en las declaraciones. Los sistemas pueden aprender de cada caso de evasión detectado, mejorando su capacidad para identificar nuevas tácticas utilizadas por los evasores.

¿Crees que el gobierno federal está haciendo lo suficiente para acabar con el huachicol fiscal?

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