La Fiscalía General de la República (FGR) afirma que existen pruebas suficientes contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, por el delito de contrabando de combustible. Estas incluyen entrevistas, dictámenes periciales, diligencias y análisis de información que fortalecen la acusación de haber participado en una red dedicada al robo y la venta ilegal de hidrocarburos.

El exmandatario estatal permanece en prisión domiciliaria tras el dictamen emitido por una jueza de control federal. La FGR considera que existen elementos suficientes para procesarlo por su presunta participación activa en una red de contrabando de combustible mediante ferrotanques.

Los trabajos de investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fueron clave para identificar el presunto esquema de huachicol fiscal. El caso involucra directamente a Ingemar, una empresa dedicada a servicios portuarios, dragados y operación de puertos. Dos meses después de la constitución de esta firma, Ruffo se incorporó al capital variable de la empresa.

El delito atribuido por la FGR a Ernesto Ruffo no consiste en extraer gasolina de un ducto, sino en un esquema conocido como huachicol fiscal. Este mecanismo consiste en introducir combustible desde Estados Unidos y declarar ante la aduana una cantidad considerablemente menor a la realmente transportada, con el objetivo de pagar menos impuestos y aranceles. Ruffo niega haber coordinado u operado dicho acto ilícito.

La fiscalía advierte que Ruffo, como accionista con un alto porcentaje de participación en Ingemar y secretario del Consejo de Administración, formaba parte de las decisiones estratégicas, la representación legal y la conducción de la empresa. Por ello, se presume que habría conocido, permitido o se habría beneficiado del esquema de importación ilegal de combustible.

“La indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, los cuales establecen que, como accionista y secretario del Consejo de Administración de la empresa Ingemar, Ernesto “N” habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad”, comentó la FGR.

El exgobernador reconoció ser dueño del 49% de la empresa, así como saber que desde 2024 se declaraban volúmenes menores de combustible para importación. En términos concretos, la hipótesis del delito fiscal sostiene que camiones y ferrotanques con capacidades de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados en pedimentos de importación como si solo transportaran 10 mil litros.

Este presunto esquema de evasión fiscal en combustibles habría permitido reducir de manera significativa el pago de contribuciones relacionadas con la importación de hidrocarburos.

El caso alcanza, por ahora, a nueve personas, entre quienes se encuentran socios de Ingemar, como José Merino Valdes Cuerno, así como el propietario de las empresas Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, Ricardo Thompson Navarro.

¿Qué dice la defensa de Ernesto Ruffo?

El exgobernador Ernesto Ruffo aceptó ser accionista de Ingemar, pero asegura que su papel era principalmente el de socio y, de manera ocasional, secretario del Consejo. Por ello, afirma que no participó en la operación diaria, los trámites aduaneros ni la comercialización de combustible.

Su explicación es que las órdenes de compra de Crimson, empresa que adquiría el combustible, llegaban por aproximadamente 10 mil litros. Cuando detectó esa discrepancia, cuestionó la situación e intentó vender sus acciones. Además, sostiene que esperaba que las autoridades aduaneras identificaran la incompatibilidad entre el volumen declarado y el realmente importado.

La clave jurídica para la FGR es demostrar, mediante las pruebas disponibles, que Ruffo conocía el esquema, participó en su diseño o se benefició de él, ya que no basta con señalar que era accionista de la compañía mediante la cual se habrían cometido las irregularidades. El abogado de Ruffo asegura que en alrededor de 20 mil páginas del expediente no existen documentos que acrediten la participación directa del exgobernador en las operaciones investigadas.

El punto más débil de la defensa radica en que Ruffo reconoce que sabía, al menos desde 2024, sobre el presunto esquema de huachicol fiscal. Entonces surge una pregunta relevante: ¿cómo un socio con el 49% de las acciones observa durante meses una situación de esta naturaleza y se limita a cuestionarla o a esperar que la autoridad la detecte? La defensa deberá presentar acciones concretas y contundentes que demuestren que cuestionó la práctica, intentó suspenderla o buscó abandonar la empresa de manera efectiva. Hasta ahora, su versión no constituye una prueba exculpatoria.

Preguntas clave sobre el caso Ernesto Ruffo

¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo?

La FGR lo señala por su presunta participación en una red de contrabando de combustible relacionada con un esquema de huachicol fiscal.

¿Qué es el huachicol fiscal?

Es una modalidad de fraude que consiste en importar combustible declarando volúmenes menores a los reales para reducir el pago de impuestos, derechos y aranceles.

¿Cuál era la relación de Ruffo con Ingemar?

El exgobernador reconoció ser propietario del 49% de la empresa y haber ocupado funciones dentro del Consejo de Administración.

¿Cuál es la postura de la defensa?

La defensa sostiene que Ruffo no participó en la operación cotidiana de la empresa ni en los trámites relacionados con la importación de combustible.

¿Qué pasará con Ernesto Ruffo?

El futuro jurídico de Ernesto Ruffo dependerá de la capacidad de la FGR para demostrar su participación directa o su conocimiento efectivo del esquema investigado, así como de las pruebas que presente la defensa para desvirtuar las acusaciones. En la política y la justicia mexicanas, el desenlace dependerá de la solidez de las pruebas, las decisiones judiciales y el desarrollo de las investigaciones.

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Esta semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que existen nuevas líneas de investigación sobre el Caso Ayotzinapa, después de la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. En su conferencia matutina, refrendó el compromiso de su administración con las familias para esclarecer lo ocurrido con los jóvenes y terminar con la impunidad que rodea el crimen.

“Son distintas líneas de investigación que llevan a detenciones, pero el objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes. Ese es el compromiso que hicimos con las madres y padres de Ayotzinapa”.

La mandataria mencionó que en poco tiempo ofrecerán una conferencia de prensa especial para presentar las nuevas líneas de investigación, las carpetas que permanecen abiertas y los avances logrados por la Fiscalía General de la República (FGR). En el evento también darán a conocer las actualizaciones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

“[La Fiscalía] revisó con mayor detalle y con otras herramientas de investigación (…) Se hizo mucha más investigación sobre estas llamadas —las que se hicieron esa noche—: qué llamada se conecta con cuál, qué persona se vincula con otra, qué pasó con esa persona, a qué hora hablaron y cuántas veces lo hicieron…”

Las evidencias ocultas en la investigación de Ayotzinapa

Y es que las incongruencias de los informes pasados brotan de las cloacas… Las nuevas investigaciones revelan que muchas de las imágenes halladas habían sido declaradas inexistentes en las versiones de gobiernos anteriores. En su momento, las autoridades aseguraron que ese material no existía debido a fallas técnicas del sistema de videovigilancia, pero el reciente abordaje de la FGR demostró que eso era falso. ¿A quién trataban de proteger? ¿Qué querían ocultar? La respuesta, seguramente, será dolorosa y una prueba más del estado de descomposición de la política en muchas entidades.

El exgobernador Ángel Aguirre Rivero fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, localizado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. La FGR lo acusa de ordenar la desaparición de videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Caso Ayotzinapa avanza con lentitud: ¿se resolverá?

Aunque las investigaciones sobre el crimen de Ayotzinapa registran avances, es desesperante ver la lentitud y la incapacidad para responder las preguntas que realmente importan.

Hasta ahora se han identificado los restos de tres estudiantes, pero ¿qué ocurrió con los otros 40? Por otro lado, ¿quién ordenó y coordinó la operación? ¿Cuál fue la responsabilidad exacta de las autoridades y los grupos criminales?

Las probabilidades de esclarecer el delito y llegar a la verdad serán mayores si el Ejército y otras instituciones entregan toda la información relevante. Al mismo tiempo, es vital que exista voluntad política para indagar la posible responsabilidad de altos funcionarios y no solo la de los autores materiales, así como que las fiscalías hagan lo propio para proteger a testigos y familiares. Para comprender el contexto completo, conviene revisar los avances de la investigación del Caso Ayotzinapa.

La muralla de obstáculos es evidente: años de encubrimiento, pruebas destruidas o manipuladas, testimonios obtenidos bajo tortura y falta de colaboración institucional.

Tras la detención de Ángel Aguirre, parece que habrá noticias y actualizaciones importantes en poco tiempo. La FGR está dando foco mediático al caso, algo que difícilmente ocurriría si no estuviera por revelar información de peso en los días, semanas o meses siguientes. A través de X, comunicó:

“Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación. Estos permitieron acreditar la posible participación de Ángel ‘N’, exgobernador de ese estado, en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo cual fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra. En breve, tendremos mayor información”.

La presunta participación del exgobernador no sorprende a nadie, pero lo que necesitan las familias de las víctimas es determinar su grado de culpabilidad y que revele con detalle qué les sucedió a los estudiantes, señalando a los responsables y a todas las personas que participaron de alguna forma en la atrocidad de Ayotzinapa. Solo entonces las nuevas líneas de investigación podrán considerarse un avance real hacia la verdad y la justicia.

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En primera instancia, el titular del Ejecutivo Federal mostró su sorpresa al escuchar las afirmaciones del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, Felipe de Jesús Gallo. El funcionario aseguró que México es el campeón en la producción de fentanilo, asegurando que su fabricación y venta hacia Estados Unidos estaba generado fuertes ingresos para el crimen organizado.

Los comentarios de Jesús Gallo encendieron las alarmas y generaron preocupación entre la sociedad. Esto se debe a que se trata del primer funcionario de la actual administración que admite la gravedad del problema asociado a la droga sintética. Era evidente que AMLO haría comentarios al respecto, sobre todo, porque esto no solo coloca a México dentro de la crisis de fentanilo, sino que también podría le presenta como un actor clave de la problemática que enfrenta el país vecino.

¿Qué dijo AMLO sobre el tema?

En su tradicional conferencia matutina, AMLO dijo que la FGR debe aclarar a la brevedad la situación de la producción de fentanilo en México. El funcionario mencionó que la Fiscalía, en colaboración estrecha con la Marina, realizan trabajos de investigación para hacer más eficiente el combate contra las drogas sintéticas. Además, aseguró que se están destruyendo más que nunca los laboratorios donde se producen los narcóticos.

Si bien AMLO acepta que hay un tema a tratar en lo que respecta al fentanilo, considera que las palabras de Gallo podrían ser exageradas.

“Pero de ahí a que México sea el principal productor de fentanilo sí hay una gran diferencia, que eso es lo único que quiero que precise la Fiscalía, para que ellos nos digan la realidad (…) a lo mejor hoy o mañana la Fiscalía informa sobre esto, y en libertad, eh, en libertad”.

Esta aclaración reforzada al final de dicha declaración busca disipar las posibles dudas de que haya alguna especie de coerción para que se niegue la problemática. Incluso, AMLO recalcó que es importante que se establezcan los problemas de seguridad y las amenazas de forma transparente. Al final, dijo que siguen trabajando fuerte para que los tentáculos del fentanilo no se extiendan en todo el país.

“No tenemos ninguna preocupación si es que eso que han informado es real, y no tenemos preocupación porque todos los días están trabajando, pero hay que esperar, no puedo decir que fue una exageración ni puedo decir que no sea cierto, mejor vamos a esperar cuáles son sus fuentes, por qué llega a esa conclusión porque el fentanilo entra a Estados Unidos por Estados Unidos, entra por Canadá y también por México, donde se elabora con sustancias químicas que se introducen por contrabando”.

¿Por qué es importante tener información fiable?

• Aumento en el consumo en México. Existen investigaciones y estudios, así como testimonios de pobladores del país, que advierten sobre el aumento del consumo de fentanilo en México. Es algo alarmante porque se trata de una sustancia altamente adictiva y potencialmente mortal. La intervención del gobierno de AMLO y la siguiente administración es fundamental para prevenir que el país se suma en una tragedia similar a la de Estados Unidos.
• El fentanilo puede desatar una crisis de salud pública. Como lo demuestra el caso de Estados Unidos, el fentanilo causa muertes por sobredosis, casos que han ido en aumento tanto en México como en Estados Unidos. El informe de la FGR ayudaría, en primer lugar, a identificar la gravedad de la situación, aunque también creemos que debería pedirse un informe similar a la Secretaría de Salud para diseñar políticas de salud y prevención efectivas.
• Diversificación de ingresos del crimen organizado. El gobierno debe saber qué tan importante se ha vuelto la producción y venta de fentanilo para las organizaciones del crimen organizado.
• El diagnóstico preciso permitirá establecer una mejor colaboración internacional. El fentanilo es un cáncer que trasciende fronteras. En caso de que el reporte sea alarmante, el gobierno deberá tomar medidas de emergencia para establecer una colaboración más estrecha con Estados Unidos para bloquear el tráfico y golpear la producción.

¿Te has enterado de problemas asociados a la producción o consumo de fentanilo en tu lugar de residencia? ¡Te leemos!

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