La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó este miércoles 7 de octubre de 2026 el decreto que reforma los requisitos de elegibilidad para la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX. La medida exige nacionalidad mexicana exclusiva y ha abierto un debate político, jurídico y de derechos humanos.

Durante la firma, la mandataria explicó el alcance de la reforma constitucional:

“Hoy firmamos el decreto de que ningún presidente o presidenta, ningún gobernador o gobernadora pueden tener doble nacionalidad (…) A partir de 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, presidente o presidenta solo puede ser mexicano; de eso se trata este decreto”.

La firma permite la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), después de que la iniciativa fue aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y ratificada por 22 congresos locales.

En términos generales, quien aspire a alguno de estos cargos y tenga otra nacionalidad deberá renunciar a la nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro como candidata o candidato. El nuevo requisito será aplicable a partir del proceso electoral de 2028.

Sobre el procedimiento, Luisa María Alcalde señaló que se emitirán las disposiciones correspondientes. El trámite no se limitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues también requerirá gestiones ante las autoridades del país cuya nacionalidad se pretenda dejar.

¿Cómo interpretar la reforma sobre la renuncia a la doble nacionalidad?

La reforma busca definir quién puede acceder a los cargos ejecutivos de mayor responsabilidad en México. En concreto, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer la nacionalidad mexicana única como condición para competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Es importante aclarar que la reforma no elimina la doble nacionalidad en México ni afecta, de manera general, el derecho a votar. Su alcance se concentra en los requisitos para competir por determinados cargos ejecutivos. Los críticos advierten que la medida puede restringir los derechos políticos de mexicanos residentes en el extranjero y de personas con vínculos legítimos con otros países.

Desde la postura oficial, la reforma funciona como una garantía de independencia para los cargos de mayor responsabilidad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos permite regular los derechos políticos por razones como nacionalidad, residencia, edad o capacidad; sin embargo, el debate jurídico se centra en determinar si esta restricción es necesaria, proporcional y no discriminatoria.

En el plano técnico, especialistas en derecho constitucional deberán analizar el alcance de la medida. El punto central es conceptual: tener dos nacionalidades no demuestra, por sí mismo, que una persona mantenga una lealtad política dividida.

La nacionalidad puede adquirirse por nacimiento, filiación o por las reglas de un país extranjero, incluso sin que la persona haya solicitado voluntariamente un segundo pasaporte. Por ello, equiparar ese vínculo jurídico con un posible conflicto de lealtades abre una discusión compleja sobre ciudadanía, identidad y derechos políticos.

Legisladores de oposición sostienen que la reforma confunde nacionalidad con ciudadanía activa o compromiso político. Además, la renuncia a una nacionalidad no es igual de sencilla en todos los países, lo que puede generar obstáculos prácticos antes del registro de una candidatura.

• En algunos países, la nacionalidad por nacimiento puede ser irrenunciable.
• En otros, la renuncia depende de la aprobación de una autoridad.
• El trámite de renuncia puede tardar meses o años.
• La renuncia a una nacionalidad podría generar obligaciones fiscales distintas, costos administrativos o consecuencias familiares y patrimoniales.

Entre los argumentos a favor se señala que una nacionalidad extranjera puede generar obligaciones jurídicas frente a otro Estado, derechos de protección consular, deberes militares o fiscales, presiones diplomáticas o conflictos jurisdiccionales. Estos factores forman parte del debate sobre la nacionalidad única para cargos públicos.

El decreto no afirma que una persona con doble nacionalidad sea desleal de manera automática. El argumento central es institucional: quien encabeza el Poder Ejecutivo debe responder exclusivamente ante la Constitución, las leyes y el pueblo de México.

Se trata de un argumento preventivo, no de una acusación general contra las personas binacionales. La defensa de la medida sostiene que, en cargos de máxima autoridad, el Estado puede establecer una regla común para reducir una fuente potencial de presión. La discusión continuará en torno a su aplicación, proporcionalidad y efectos sobre los derechos políticos en México.

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