• El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado por enfrentar cargos de crímenes de lesa humanidad.
• La CPI lo acusa de encabezar miles de ejecuciones extrajudiciales durante su guerra contra las drogas.
• Duterte fue enviado a La Haya para responder por estos delitos, los cuales eran visibles durante su mandato.

Duterte, enviado a La Haya para enfrentar juicio

El mandato presidencial de Rodrigo Duterte fue un periodo oscuro para Filipinas. Posiblemente, estamos ante una de las guerras contra el narcotráfico más salvajes y sangrientas de toda la historia. En esos años, la comunidad internacional señalaba al hombre, quien, protegido por su investidura presidencial, repartía condenas y ordenaba ejecuciones sin procesos judiciales.

Hace dos días, Rodrigo Duterte fue detenido debido a una orden de arresto emitida en su contra por crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional (CPI) acusa al exmandatario de perpetrar miles de ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno. El político fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Manila, para después ser enviado a Países Bajos a fin de que responda a tales acusaciones.

Después de su detención, el expresidente fue llevado a la Base Aérea Villamor, desde donde grabó un video para cuestionar la legalidad de su arresto. Por su parte, su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, denunció que su progenitor sería enviado en las horas siguientes a La Haya. La funcionaria mostró su inconformidad por el arresto de su padre, tras considerar que se trata de un acto de persecución.

“¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí (…) Me trajeron aquí no por mi voluntad, sino por la de otro (…) Tienen que responder por privación de libertad”, se le oye decir a Duterte en el video.

En 2019, Filipinas abandonó su representación en la CPI por órdenes del propio Rodrigo Duterte. Pese a ello, el organismo no abandonó el caso ni las investigaciones en su contra. Con 79 años, el exmandatario ahora se encuentra en Países Bajos para ser entregado a las autoridades respectivas en La Haya, donde tendrá que rendir cuentas por las acciones de sus escuadrones de la muerte.

Una guerra contra narcos que pintó Filipinas de rojo

El gobierno de Duterte siempre será recordado por la implementación de su dura política contra el narcotráfico. El funcionario desplegó una ofensiva violenta contra los delincuentes que se dedicaban al trasiego de sustancias ilícitas. Varios de ellos fueron privados de la vida sin un proceso judicial, lo que se considera como una violación grave a los derechos humanos.

Algunos podrán pensar que la mano dura de Duterte es lo que se necesita para acabar con el narcotráfico. Pero ¿cuál es el riesgo de desatar una guerra plagada de ejecuciones extrajudiciales? En primer lugar, no hay un proceso para asegurarse de que las personas condenadas a la pena de muerte sean realmente culpables. En esas listas, se fueron muchos inocentes y hasta detractores políticos del mandatario.

Los grupos de derechos humanos denunciaron la existencia de los “escuadrones de la muerte”. Estas células policíacas se emplearon para erradicar a los traficantes de drogas, muchos de los cuáles resultaron ser hombres jóvenes de barrios sumidos en la pobreza. La guerra contra el narco dejó a miles de adolescentes tirados en la calle por los disparos de los agentes del orden.

Los números son un golpe al estómago. Mientras que la Policía estima que asesinaron a más de 6,000 traficantes, los activistas aseguran que la cifra está por arriba de las 30,000 personas. Allí se encuentran tanto inocentes que fueron acusados injustamente como transeúntes que quedaron atrapados en el fuego cruzado o como resultado de balas perdidas.

Ante los ojos de Duterte, el sistema funcionaba de maravilla. Sin embargo, la justicia no ha llegado para los filipinos. A tres años de haber terminado su gobierno, solo 8 policías han sido sentenciados por cinco víctimas presuntamente inocentes durante la guerra contra el narcotráfico.

La guerra contra el narcotráfico en Filipinas

El libro Rodrigo Duterte: Fire and Fury in the Philippines (Edición en inglés), escrito por Jonathan Miller Sir, aborda el impacto y las consecuencias de la guerra desatada por el entonces presidente de Filipinas. Se trata de una biografía del sujeto al que muchos señalan de desatar una pesadilla en el país. Pese a todo, un gran sector de la población lo seguía tras distanciarse de la clase política tradicional y adoptar un discurso populista barato.

En la descripción de esta obra, podemos leer:

“Duterte es un mujeriego en serie y un asesino autoconfesado, que ha llamado tanto a Barack Obama como al Papa Francisco “hijos de putas”. Está registrado diciendo que no le “importa un carajo” los derechos humanos. Sin embargo, es querido por los 16.6 millones de filipinos que votaron por él, visto como vulgar pero honesto, un soplo de aire fresco, y un rebelde iconoclasta y antiimperialista”.

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• Una misión de la ONU denunció el aumento de los crímenes de lesa humanidad durante el periodo electoral en Venezuela.
• El organismo adscrito a la organización internacional acusó al gobierno de Nicolás Maduro, así como a las fuerzas de seguridad, de perpetrar torturas, arrestos arbitrarios y violencia sexual.
• Entre las víctimas de los crímenes de lesa humanidad están niños, adolescentes y personas con discapacidad.

Acusa ONU a Venezuela de perpetrar crímenes de lesa humanidad en elecciones

Venezuela es un país donde el respeto a los derechos humanos parece una utopía. Desde hace años, el territorio sudamericano enfrenta fuertes denuncias por parte de los activistas y organismos internacionales. Esta semana, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela llegó a una conclusión sobre las denuncias realizadas durante el proceso electoral.

Esta agencia de la ONU determinó que hubo un aumento alarmante de los crímenes de lesa humanidad durante las elecciones en Venezuela. El informe asegura que el proceso, incluyendo las semanas previas y posteriores a las votaciones del 28 de julio, se vieron contaminadas por la persecución de los opositores y la represión de las protestas. El reporte está integrado por un total de 158 páginas, las cuales analizan el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto del 2024.

El reporte señala que las fuerzas de seguridad perpetraron asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género durante el periodo señalado. Se les acusa a las corporaciones y las fuerzas armadas de usar la fuerza de manera excesiva para apagar las protestas, pero también de perpetrar tratos crueles y degradantes contra integrantes de la oposición. ¿Quiénes son los acusados? Elementos de los servicios de inteligencia SEBIN y DGCIM, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.

En un fragmento del texto puede leerse:

“…las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.

Datos alarmantes sobre los crímenes en Venezuela

La ONU señala que las fuerzas del orden público, cuyos integrantes juraron proteger al pueblo, perpetraron toda clase de violaciones contra los derechos humanos. Además de las torturas, señalan que obligaron a las personas a autoinculparse de delitos que jamás perpetraron, tales como actos de terrorismo. El informe advierte que no fueron acciones aisladas, sino un plan coordinado para silenciar a los opositores.

Lamentablemente, la situación de la mayoría de los afectados resulta preocupante, ya que no se advierte una mejora de sus condiciones o la impartición de justicia. El informe establece lo siguiente:

“La falta de pruebas y ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas”, señaló.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela cifró en 25 las personas asesinadas con arma de fuego. El texto señala que los actos dejaron ciertos de heridos según la ONU y miles de personas arrestadas. Las detenciones arbitrarias no se explican, ya que las personas afectadas solo ejercían su derecho fundamental a la libertad de expresión.

El reporte establece:

“La comunidad internacional y las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas deben prestar especial atención a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en estas circunstancias”, señala el reporte.

La ONU, así como otras organizaciones de carácter internacional y gobiernos de otros países, se han pronunciado en ocasiones anteriores por las violaciones a los derechos humanos cometidas en territorio venezolano. La administración de Nicolás Maduro, quien se reeligió como presidente en el proceso anterior, es descrita como una dictadura en varios países del mundo.

¿Crees o no que el gobierno de Venezuela haya perpetrado crímenes de lesa humanidad tal como lo advierte la ONU?

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